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Analiza IQT convenio con SCT para frenar abusos a transporte.

21 Noviembre 2017 - 

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Santiago de Querétaro, Qro.- El Instituto Queretano del Transporte (IQT), se comprometió con la Unión Queretana de Transporte Especializado, a buscar establecer un convenio entre la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), las empresas de transporte de personal y el IQT, para la regularización de la prestación del servicio en jurisdicción federal y estatal.

 

Ello, ante las denuncias de corrupción en carreteras federales que hiciera en días pasados la Unión, denunciando acoso de la Policía Federal a sus unidades, las cuales están siendo infraccionadas, llevadas al corralón (incluso con obreros arriba del transporte) y obligar a horas de la madrugada a los trabajadores que transportan, a bajar del camión y revisarlos pidiendo incluso sus papeles como IFE, sin razón alguna.

Los transportistas entre los que se encuentran Elsa Adané Méndez, Juan José Barrios, José Antonio Seguedo, Hétor Rivera y Joel Molina, se reunieron con Alejandro López Franco, director general del IQT, tal como lo veían solicitando desde febrero los transportistas, para dar a conocer las diferentes problemáticas que quejan a este sector.

Derivado de esta reunión, se acordaron 5 puntos a trabajar en los próximos días, entre los que se encuentra, la expedición de nuevos permisos de transporte de personal a partir de la formalización por cada una de las empresas transportistas, "las cuales están trabajando de forma legal, pero hay permisos que tiene en trámite hasta un año y e el IQT en esta nueva Administración Estatal no han resuelto", aclaró Elsa Adané Méndez.

Se acordó un plan de regularización respecto de los permisos con adeudos otorgados por el Instituto Queretano del Transporte.

El segundo punto es el ya referido "establecer un convenio entre la SCT, Empresas de Transporte de Personal y el Instituto Queretano del Transporte para la regularización de la prestación del servicio en jurisdicción Federal y Estatal".

El tercer punto es que el IQT analizará la posibilidad de establecer tarifas para la prestación del servicio de arrastre y salvamento, prestado por concesionarios estatales de grúas, en términos de la Ley de servicios auxiliares y demás normatividad.

El cuarto punto es que los representantes legales de las empresas transportistas presentarán denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos delictivos imputables a elementos de la policía federal preventiva y elementos de las corporaciones policiacas del estado y municipales.

Finalmente, el IQT remitirá por correo electrónico  cada uno de los representantes legales de las empresas transportistas los adeudos correspondientes por cada uno de los permisos otorgados.

En esta plática, llevada a cabo en las instalaciones del IQT, también denunciaron los transportistas la competencia desleal que genera el que gobierno otorgue permisos provisionales a empresas foráneas que no cumplen con los requisitos que dicta la Ley para poder dar servicio, como lo es tener una residencia mínima de 5 años en el estado y contar con instalaciones e infraestructura que garanticen un buen servicio.

"A nosotros nos detienen porque traemos placas estatales y circulamos en un tramo federal, ellos ni siquiera cuentan con papeles, sólo un permiso provisional, además de corromper al mercado por dar tarifas muy por debajo de la realidad, porque ellos no tienen qué pagar instalaciones, no pagan servicios, y los sueldos a su gente son mucho más bajos".

Pidieron a Alejandro López y al Gobierno del Estado, que se privilegíe a los empresarios locales "nosotros somos de Querétaro, nuestros impuestos se quedan en Querétaro, le apostamos al estado, aquí invertimos para dar un buen servicio en todos los parques industriales que son inversiones que le interesa mucho al Gobernador seguir atrayendo, pedimos frenar esa competencia desleal".

El IQT se comprometio a sancionar a todas aquellas empresas que no cumplan con la normatividad vigente´, reconociendo que las empresas de la Unión sí cumplen con todas y cada una de las disposiciones exigidas por parte de la autoridad.