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Wed11222017

 

  

Agustin Escobar

Agustin Escobar (6)

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Agustín Escobar Ledesma

Con mucha pena, sin gloria y ninguna investigación judicial, el 5 de abril se cumplieron cinco años de la desaparición de un autobús en la carretera federal 49 de San Luis Potosí, mientras se dirigía a la Unión Americana, en el que iban a bordo 45 migrantes, dos conductores y el dueño del autotransporte.

Hasta el momento sólo ha sido posible saber que ocho de ellos eran de Querétaro; cuatro de Michoacán y diez del Estado de México, lo que da una sumatoria de veintidós personas de las que, en algunos casos, ni siquiera ha sido posible contar con sus nombres completos, en tanto que, de veintiséis de ellos todavía no se sabe absolutamente nada.

El chofer

De acuerdo a nuestras pesquisas Ángel Becerril Sánchez, de Huimilpan, Querétaro, era uno de los dos choferes que iban en el autobús desaparecido. Ángel llevaba alrededor de cuatro meses trabajando para su patrón de Maravatío, Michoacán, en una ruta fija semanal en la que llevaban gente a Altar, Sonora, procedente de los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

A raíz de la desaparición de Ángel, quien tenía 36 años de edad, se desintegró su familia porque su esposa Bibiana Hernández Gámez, abandonó su casa, dejando a sus hijos, Ricardo, Oscar y Diego en manos de sus tías; el menor de ellos sufre de atetosis infantil.

Jorge Becerril Sánchez, cronista municipal de Huimilpan y hermano del chofer denunció la desaparición el 22 de junio de 2010, en la agencia del Ministerio Público ubicada en la colonia Casa Blanca de la ciudad de Querétaro, en donde fue abierta la averiguación previa número 111B/603/2010.

Caminos de Michoacán

En el autobús también iban cuatro personas de diversos municipios de Michoacán, sin embargo hasta el momento no se conocen más datos que sus nombres incompletos, tal es el caso de José Luis Granados, José Luis Rodríguez y Juan Carlos, de quienes se tienen los números de teléfonos celulares de sus familiares pero no fue posible establecer comunicación con ninguno de ellos.

El único de los cuatro de quien se tiene información completa es de Juan Manuel Cervantes, quien era el dueño del autobús desaparecido. De acuerdo a nuestras indagatorias, Juan Manuel Cervantes era el propietario del autobús marca Dina; número de serie 36-53-T89-30-560; modelo 1993 y placas 237-RM2.

El dueño era de Maravatío, Michoacán lugar situado a un costado de la autopista México-Guadalajara, en cuyos campos los lugareños cultivan fresa. Aquí localizamos la oficina de la empresa familiar dedicada a la renta de autobuses turísticos, situada en una habitación de una casa particular, que cuenta con dos escritorios con sendas computadoras; sobre un archivero se encuentran algunas imágenes sacras entre las que resalta un niño dios acostado bocarriba, en tanto que en una de las paredes están colgadas tres fotografías de los autobuses.

Teresa García García, secretaria de la microempresa, conoce a fondo lo sucedido con su patrón, quien tenía 30 años de edad, estaba casado con Norma Angélica Soto Ortiz, con quien procreó dos hijos y la última vez que ella habló con su esposo fue por celular, aquel 5 de abril de 2010 y le dijo que iban saliendo de la ciudad de San Luis Potosí.

Teresa García señala que dos días después de que desapareciera el autobús, de acuerdo a los registros de los estados de cuenta, fue utilizada una de las tarjetas de crédito del dueño del autotransporte en la tienda de vinos El Mayorista, de San Luis Potosí, por la cantidad de 676 pesos. Después, el 8 de abril, nuevamente fue utilizada la tarjeta para comprar combustible en Soledad de Graciano Sánchez, en la Gasolinera del Monte, por la cantidad de 680 pesos.

Municipios mexiquenses

Otros de los desaparecidos eran de Toluca, uno de ellos era Raúl Salinas González, quien tenía 33 años de edad, tres hijos y era casado, así lo informó por la vía telefónica Santiago, hermano del desaparecido.

Por su parte, también vía telefónica desde Toluca, la señora Marcela Hernández Carbajal señaló que en el autobús desaparecido iban Alfredo Vilchis Vargas, su esposo y Francisco Hernández Carbajal, su hermano, quienes fueron enganchados por un traficante de indocumentados identificado como Fernando García Ramírez, al igual que otras diez personas de Texcaltitlán y dos más de San Simón de Guerrero, municipios del Estado de México, entre las que se encuentran José Luis Granados, una mujer de nombre Edith, Octavio Morales Mercado, Juan Morales Mercado, Edgar Ramírez, Javier Velázquez y una persona identificada como Pepe, esposo de una señora que se llama Leidy.

De acuerdo a la señora Marcela Hernández, el “coyote” Fernando García Ramírez no se subió aquel 5 de abril al autobús con las 14 personas que llevaba porque ya había tenido problemas en la frontera y no le permitían pasar, aunque nunca mencionó qué tipo de problemas y quien o quienes le prohibían el paso y por qué.

Queretano soy señores…

De quienes, desde el 2011, ya se tenía conocimiento que habían desaparecido era de siete migrantes de Pinal de Amoles, Querétaro que viajaban en aquel autobús.

Ellos son Ricardo Ramírez Zarazúa, de Escanelilla; los hermanos Honorio e Ismael Reséndiz García, de Puerto de Escanelilla; Jacinto González Rodríguez, Jesús Rodríguez Martínez, Jonavad Reséndiz Ávila y Gerardo Mejía González, de Derramadero de Juárez.

¿Dónde estarán?

Después de cinco largos años de espera e incertidumbre para los familiares, éstos coinciden básicamente en dos aspectos: No existe ninguna investigación ministerial para dar con su paradero y tampoco, desde aquel 5 de abril de 2010, ningún familiar recibió llamadas exigiendo rescate.

El único indicio sobre el destino de las personas y el autobús pudiéramos encontrarlo en el libro Levantones, narcofosas y falsos positivos del periodista José Reveles, quien señala que, de acuerdo a agentes federales, en los cementerios clandestinos encontrados en mayo de 2011, en San Fernando, Tamaulipas había más de mil quinientos cadáveres, incluso autobuses sepultados con todo y pasajeros, sin embargo, el día del hallazgo del primer autobús, inmediatamente se impuso a los testigos una especie de “ley del silencio” para no escandalizar y crispar todavía más a la sociedad mexicana.