La diputada de Morena en Querétaro, Laura Andrea Tovar Saavedra, brindó junto a las integrantes del Colectivo Voceras de la Madre Tierra, Teresa Roldán Soria, Pamela Siurob Carvajal, María de Jesús Ibarra Silva y Elizabeth Durán; y Francisco Landa, de Nosotros Querétaro, un pronunciamiento respecto a la presunta constitucionalidad de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Estado De Querétaro.
La legisladora aseguró que la sentencia que se resolvió la semana pasada, en la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente solventó los conceptos de violación que se hicieron valer en amparos sobre la iniciativa de reformas realizadas a la Ley de Aguas de 2022, lo cual no quiere decir que el tema esté agotado, ya que todavía hay otros que están pendientes de resolver y, por ende, la ley todavía puede ser declarada inconstitucional.
Por su parte, Francisco Landa consideró que la resolución emitida por la Suprema Corte carece de una valoración adecuada de los impactos reales de la ley sobre el derecho humano al agua y su saneamiento, en la población del estado de Querétaro.
“La resolución de amparo no declara la constitucionalidad de la ley, como lo señalaron los diputados del PAN, lo que resuelve es que el amparo es improcedente. La improcedencia es porque, al reformar los artículos que eran inconstitucionales, el amparo queda sin materia. Y la resolución no se pronuncia en el sentido de que la ley de cumplimiento cabal al derecho humano al agua”, explicó.
Asimismo, Pamela Siurob exigió una revisión exhaustiva de la Ley, y que se proceda a la creación de una verdadera ley para la gestión integral del agua, que garantice el derecho humano al vital líquido y su saneamiento mediante la incorporación de los enfoques de derechos humanos y sustentabilidad.
Las integrantes del colectivo consideraron que la resolución judicial que desestima el amparo presentado contra la ley vigente representa un retroceso en la protección de este derecho en Querétaro, por lo que exhortaron a la Legislatura local a tomar las medidas necesarias para corregir esas deficiencias y asegurar que las políticas y leyes del estado reflejen un compromiso con la justicia ambiental y los derechos humanos.
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