Morena promueve sanciones a deudores alimentarios

El diputado por Morena en la LXI Legislatura, Arturo Maximiliano García, presentó tres iniciativas de ley en materia de deudores alimentarios que adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil, Código Penal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro.

El legislador explicó que la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 96 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pretende homologar el marco normativo en Querétaro para reforzar el marco jurídico que da sustento y operatividad al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a cargo del Sistema DIF Nacional, estableciendo mecanismos para proteger los derechos de los infantes y la promoción de la responsabilidad parental.

“Es un tema que claramente debe fortalecerse en su ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país. El registro que nos daba ADAX en términos de incumplimiento en estos casos, en Querétaro de mayo de 2023 a octubre de 2024, es de 3 mil deudores, con las implicaciones que esto tiene”, resaltó.

Esta iniciativa señala que quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio celebrado en el Centro de Justicia Alternativa, total o parcialmente, por un periodo de 30 días se constituirá en deudor alimentario moroso y se incluirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

En la iniciativa de reforma al Código Civil se adiciona al artículo el 95 un párrafo para facultar al Juez del Registro Civil para hacer del conocimiento de las personas que pretendan contraer matrimonio si alguno se encuentra inscrito en este registro de morosos, señalando el monto de la deuda y el número de personas acreedoras.

En lo referente a Código Penal la iniciativa de ley pretende que se reforme el artículo 144 y 210 para imponer de seis meses a cuatro años de prisión y una multa de 150 a 500 UMAS (108.57 pesos) a quien abandone a una mujer embarazada y, se incrementará la sanción cuando producto del abandono o la lesiones se produjera la muerte de la gestante.

Asimismo, esta iniciativa prevé que la persona que se declare en estado de insolvencia para incumplir con el pago de obligaciones alimentarias se le impondrá una pena de seis meses a seis años.