Aranceles sin Congreso: el límite que la Corte puede imponer a Trump

La Corte Suprema de los Estados Unidos está por resolver un caso que, aunque presentado como una controversia arancelaria, en realidad pone a prueba uno de los pilares históricos de Estados Unidos: el Estado de derecho como límite al poder. La disputa sobre los gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump no es un desacuerdo técnico en materia comercial; es una pregunta frontal sobre si el Ejecutivo puede sustituir al Congreso cuando considera que el proceso democrático es un estorbo.

Durante su administración, Trump transformó los aranceles en un lenguaje político. No fueron una herramienta económica calibrada, sino un instrumento de coerción inmediata. Amenazar con impuestos a las importaciones se convirtió en una forma de obtener concesiones rápidas, disciplinar aliados y exhibir fuerza frente a adversarios. El costo económico es relevante, pero no es el núcleo del problema. Lo central es quién decide y bajo qué límites.

Para justificar esta política, la Casa Blanca recurrió a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley diseñada para escenarios excepcionales: guerras, crisis internacionales graves, amenazas reales a la seguridad nacional. El argumento presidencial fue que el déficit comercial y la dependencia de importaciones constituían una emergencia permanente. La pregunta que hoy enfrenta la Corte es tan simple como inquietante: ¿puede una emergencia declararse indefinidamente para gobernar sin el Congreso?

Los tribunales federales que revisaron el caso respondieron de manera clara. Imponer aranceles equivale, en los hechos, a crear impuestos, y la Constitución estadounidense asigna esa facultad de forma expresa al Legislativo. La emergencia, señalaron, no puede convertirse en una fórmula flexible para concentrar poder. De hacerlo, la excepción dejaría de ser excepcional y se normalizaría como método de gobierno.

El retraso de la Corte Suprema en emitir su fallo no es casual. La decisión se esperaba a inicios de 2026, pero la deliberación se ha prolongado. No es una cuestión de agenda: refleja la dificultad de definir límites al Ejecutivo en una era donde la rapidez se confunde con eficacia y el control se percibe como debilidad. La Corte sabe que lo que decida hoy marcará el alcance del poder presidencial durante generaciones.

Si se avala la postura de Trump, el precedente será profundo. El presidente de Estados Unidos podrá recurrir a leyes de emergencia para rediseñar la política comercial sin autorización legislativa. Los aranceles dejarán de ser un instrumento regulado y se convertirán en una herramienta discrecional, dependiente del cálculo político del Ejecutivo. El comercio exterior pasará de ser política de Estado a convertirse en una extensión de la voluntad presidencial.

Las consecuencias irán más allá de Washington. Los socios comerciales enfrentarán una incertidumbre constante, las cadenas globales de suministro perderán previsibilidad y la credibilidad de Estados Unidos como defensor de reglas claras se verá erosionada. A corto plazo, el poder del Ejecutivo se fortalecerá. A largo plazo, el daño recaerá sobre la estabilidad económica y jurídica que ha sostenido el liderazgo estadounidense durante décadas.

El escenario opuesto —una Corte que limite o invalide esta facultad— no elimina los conflictos comerciales, pero reafirma algo esencial: el poder sólo es legítimo cuando está acotado por contrapesos. El Congreso recuperaría su papel central en materia arancelaria y el Ejecutivo tendría que volver a los mecanismos institucionales: negociación, diplomacia y acuerdos formales. Es un proceso más lento, sin duda, pero también más estable y más predecible.

Conviene subrayar un punto crucial, particularmente relevante para México. Este fallo no afecta las negociaciones formales de tratados comerciales. Instrumentos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá siguen un cauce distinto, con participación del Ejecutivo y ratificación legislativa. Los tratados existen precisamente para evitar que el comercio internacional dependa del humor político del momento.

En otras palabras, la decisión de la Corte no pone en riesgo el marco jurídico del comercio regional. Lo que redefine es la capacidad del presidente para actuar fuera de ese marco, utilizando la emergencia como atajo institucional.

Los datos explican la magnitud del debate. En los últimos años, la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos ha alcanzado niveles no vistos en más de un siglo. Los ingresos por aranceles han aumentado, pero también los costos para empresas, consumidores y aliados estratégicos. El proteccionismo puede generar beneficios políticos inmediatos, pero rara vez produce estabilidad económica duradera.

Aquí es donde el caso trasciende el comercio. Estados Unidos ha sido, durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, el principal referente del Estado de derecho aplicado a la economía. Su fortaleza no radicó sólo en el tamaño de su mercado, sino en la previsibilidad de sus reglas, la independencia de sus instituciones y la existencia de contrapesos efectivos entre poderes.

Debilitar esos contrapesos no es un asunto doméstico. Cuando la ley se subordina a la voluntad del Ejecutivo, la incertidumbre se filtra en los mercados, las inversiones se encarecen y la economía global resiente el impacto. Un poder sin límites puede parecer eficiente, pero termina siendo costoso.

La Corte Suprema enfrenta una decisión incómoda, pero definitoria. Si valida el uso expansivo de poderes de emergencia, normalizará la excepción y erosionará uno de los mayores activos económicos de Estados Unidos: su credibilidad institucional. Si los limita, recordará una verdad elemental que hoy parece contracultural: que el crecimiento, la estabilidad y el liderazgo global dependen, en última instancia, del respeto al Estado de derecho.

Porque cuando los aranceles sustituyen al Congreso y la emergencia sustituye a la ley, el problema ya no es el comercio. Lo que está en juego es la democracia misma.

Arturo Maximiliano García P.

Diputado del Congreso del Estado de Querétaro