Cine, impuestos y pantalla

Durante décadas, el cine mexicano ha sido tratado como un asunto cultural: importante, sí, pero secundario frente a las grandes discusiones económicas. La propuesta presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum rompe con esa lógica y coloca al sector audiovisual donde siempre debió estar: en el terreno de la política industrial, fiscal y laboral.

La iniciativa combina tres elementos que rara vez se articulan con claridad: una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, incentivos fiscales vía el Impuesto Sobre la Renta y reglas para proteger el trabajo creativo frente a la inteligencia artificial. No es menor. Tampoco es neutral.

El planteamiento parte de una premisa clara: si México quiere que se filme más cine —nacional e internacional— no basta con talento o paisajes; se necesitan reglas, certidumbre y dinero. En un mundo donde los países compiten abiertamente por atraer producciones, los incentivos fiscales dejaron de ser una concesión y se convirtieron en una herramienta estándar de política económica.

El gobierno propone un crédito fiscal de hasta 30 % del gasto realizado en México, con topes definidos y una condición clave: que la mayor parte del dinero se quede en empresas mexicanas. La lógica es defendible. Cada rodaje no solo produce películas; activa hoteles, servicios de transporte, renta de equipo, locaciones, servicios técnicos y empleo local. Desde esta óptica, el cine deja de ser “subsidio cultural” y se entiende como inversión productiva.

Sin embargo, cualquier discusión seria sobre el futuro del cine mexicano debe partir del estado real de la exhibición. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), la asistencia a salas en México no ha logrado recuperar los niveles previos a la pandemia. Mientras que en 2019 se superaron los 352 millones de boletos vendidos, en los años posteriores la cifra se redujo de manera significativa y, aun en 2025, permaneció lejos de ese punto de referencia bajando a 203 millones, contra 218 millones en 2024. Los ingresos por taquilla siguieron una trayectoria similar, confirmando que el problema ya no es coyuntural, sino estructural  .

Otro dato particularmente revelador es que, pese a este contexto, el número de estrenos de películas mexicanas en 2025 (112) ha regresado a niveles cercanos a los de la etapa prepandemia (110), sin embargo no ocurrió lo mismo con su desempeño comercial. La participación del cine nacional como porcentaje de los ingresos totales de taquilla se mantiene baja y el número de boletos vendidos para producciones mexicanas cayó de manera pronunciada. En términos simples: se estrenan más películas mexicanas, pero menos personas están pagando por verlas en salas.

Esta brecha obliga a formular una pregunta incómoda pero inevitable: ¿más días en cartelera y más pantallas garantizan, por sí mismos, más público? La evidencia reciente sugiere que no necesariamente. En un entorno donde la asistencia general a salas ha disminuido y las plataformas digitales redefinieron los hábitos de consumo, ampliar la exhibición sin una estrategia de reconstrucción de la demanda puede traducirse en funciones con baja afluencia y salas semivacías. El reto no es solo producir más cine nacional, sino lograr que el público vuelva —y quiera— asistir.

Ahí aparece la tensión clásica entre intervención del Estado y libertad de mercado. Quienes critican la reforma advierten que las cuotas pueden distorsionar la programación y afectar a los exhibidores sin garantizar resultados. Quienes la defienden sostienen que no existe un mercado genuinamente libre cuando las reglas favorecen estructuralmente a los grandes jugadores globales. Ambas posiciones tienen algo de razón. Conviene recordar, además, que la exhibición no es una actividad concesionada: las salas, sus proyectores y su mantenimiento son inversión privada, y la asistencia del público —para cine nacional o extranjero— sigue estando determinada, en última instancia, por la preferencia del espectador.

Un tercer eje, menos visible pero políticamente potente, es la protección del trabajo creativo frente a la inteligencia artificial. La iniciativa plantea que ninguna voz o imagen pueda ser utilizada sin consentimiento ni compensación. Es una señal clara: la modernización tecnológica no puede hacerse a costa de precarizar derechos laborales. En un sector donde el doblaje y la actuación son parte central de la cadena de valor, este punto no es accesorio.

El debate, sin embargo, no debería reducirse a estar “a favor” o “en contra” del cine nacional. El verdadero riesgo de la reforma no está en su intención, sino en su implementación. Incentivos fiscales mal diseñados pueden convertirse en discrecionalidad; comisiones sin reglas claras pueden derivar en opacidad; y cuotas sin políticas de promoción y formación de públicos pueden quedarse en letra muerta.

México no está decidiendo sólo si apoya o no al cine. Está decidiendo qué tipo de Estado quiere ser frente a sus industrias creativas: uno que observe pasivamente cómo otros países capturan producción, talento y valor agregado, o uno que asuma que cultura, empleo y economía ya no son compartimentos separados. Optar por lo segundo es, en sí mismo, un paso relevante.

La apuesta del gobierno es clara: usar al cine como palanca de desarrollo. El desafío será demostrar que esta política no solo genera más rodajes, sino también más público, más valor económico y mayor autonomía creativa, sin reproducir los viejos vicios de captura, favoritismo o simulación. Porque, como en toda política pública, el éxito no está solo en la intención, sino en el diseño, la ejecución y la evaluación de resultados.

Arturo Maximiliano García P.

Diputado Local (MORENA)