Ingresan iniciativa de reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos en Querétaro

Con la presencia de representantes de las diferentes comunidades indígenas de los municipios del estado, la diputada María Eugenia Margarito Vázquez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y sus integrantes Laura Andrea Tovar Saavedra y Arturo Maximiliano García Pérez, así como la diputada por el PT, Claudia Díaz Gayou, presentaron la reforma Constitucional en defensa de los pueblos, barrios, comunidades indígenas y afromexicanas de Querétaro.

La diputada Eugenia Margarito recordó que esta es una reforma Constitucional federal y que la Legislatura local tiene 180 días para homologarla a las leyes estatales, por lo que se está en tiempo para su aprobación.

Señaló que ya se han llevado a cabo foros informativos en diferentes municipios, en los que han estado presentes ciudadanos de diferentes comunidades indígenas y lo seguirán haciendo, con el fin de que estén enterados de los beneficios que traerán estas reformas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Andrea Tovar, consideró que estos son momentos históricos, porque gracias a estas reformas no se podrá hacer una ley que tenga que ver con los recursos naturales sin previa consulta.

Por su parte, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, dijo que la reforma permitirá el reconocimiento de derechos, de personalidad jurídica, de patrimonio propio, además de generar instituciones que les dé cauce para determinar políticas públicas; y que, por ley, el congreso tiene hasta el 31 de marzo para aprobar este paquete de reformas.

La diputada Claudia Díaz Gayou precisó que la reforma impulsa el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; se garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada; es decir, se establecen mecanismos para asegurar que las comunidades sean consultadas en cualquier acción legislativa o administrativa que pueda afectar su entorno o derechos.

Además, se fortalecerán sus derechos político-electorales; asegurando su participación en los ayuntamientos y en la toma de decisiones políticas y administrativas, respetando sus sistemas normativos. Por otra parte, se propone la asignación equitativa de recursos públicos de al menos el 3 por ciento del presupuesto estatal y municipal para que sea destinado a programas de infraestructura social, educativa e hídrica en beneficio de estas comunidades, permitiendo su administración directa; entre otros preceptos.