Morena buscará homologar leyes federales del combate a la extorsión

La fracción parlamentaria de Morena en la LXI Legislatura del estado de Querétaro, ingresó la iniciativa de ley que deroga el delito de extorsión en el Código Penal para el estado de Querétaro”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera McDonald, enfatizó que esta iniciativa deriva directamente de una reforma constitucional federal, impulsada desde por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contra la extorsión, que es uno de los delitos que más daño causa a las familias, a los comercios y a la paz social del estado y del país.

Y es que, en el año 2021, la Constitución fue reformada para otorgar al Congreso de la Unión, la facultad de expedir una Ley General en materia de Extorsión, con el fin de terminar con la dispersión legal, cerrar vacíos jurídicos y fortalecer la capacidad del Estado Mexicano para combatir este delito de manera coordinada.

“Los estados estamos jurídicamente obligados a armonizar nuestra legislación local. En Querétaro, mantener un delito de extorsión distinto en el Código Penal estatal, no fortalece la persecución del delito, al contrario, genera confusión, contradicciones legales y debilita la actuación de las autoridades, especialmente cuando la extorsión se comete desde otros estados, o incluso, desde centros penitenciarios“, explicó.

Homero Barrera indicó que la pena básica que se está proponiendo homologar a la legislación federal, es una pena básica de 15 a 25 años de prisión; mientras que actualmente en el estado de Querétaro, las penas son de 4 a 10 años, por lo que la propuesta es que sea de 15 a 25 años, homologada con la norma federal, que sea con agravantes de hasta de 42 años de prisión; además de pasar de un delito que sólo se perseguía con la legislación local si en este había violencia física o moral; y ahora la idea es que se persiga por oficio.

“Tenemos que legislar con responsabilidad constitucional y con visión de futuro; esta iniciativa no es contra los estados, es a favor de las víctimas, no es un retroceso, es un avance en coordinación, claridad jurídica y eficacia institucional, armonizar nuestra ley con la legislación federal es cumplir la Constitución”, advirtió.