Luego de que el diputado local independiente, Ulises Gómez de la Rosa, cuestionara las acciones del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro en torno a la armonización de la Reforma al Poder Judicial, el magistrado presidente, Braulio Guerra Urbiola, afirmó que existe la disposición para colaborar en la discusión en la LXI Legislatura.
Sin embargo, dejó en claro que es necesario que los tres poderes del estado trabajen en favor de homologar la nueva normativa; para seguir manteniendo a Querétaro entre los mejores en materia de impartición de justicia.
“El poder judicial cree profundamente en la transformación y en la reforma de nuestra institución. Nosotros queremos extender la mano para poder trabajar con armonía. Los poderes del estado en Querétaro trabajan complementándose y trabajamos en el marco del respeto; no somos Caín y Abel. Somos tres instituciones que, en Querétaro, siempre hemos puesto el ejemplo por sacar adelante los grandes temas que tenemos”, enfatizó.
Braulio Guerra consideró que es necesario que se genere un marco de cordialidad, respeto y armonía, a fin de establecer las mesas de diálogo, y analizar las propuestas en la mesa sobre iniciar con las votaciones de jueces y magistrados del poder judicial federal, en 2025 o en 2027.
“Nosotros siempre estaremos abiertos a escuchar, pero que también al mismo tiempo con respeto, con armonía, con cordialidad podamos construir la mejor reforma para que, desde Querétaro, se imparte a la mejor justicia; buscaremos un diálogo institucional. La reforma no solo es para los partidos políticos, la reforma es para los queretanos; para la certeza, la certidumbre y la claridad que debe tener la gente en cuanto a tener las mejores personas juzgadoras que pueden llegar a la boleta”, manifestó.
Incluso, Guerra Urbiola mencionó que la LXI legislatura deberá trabajar en otras armonizaciones, como el caso de la Ley de Mecanismos Alternos para Solución a Controversias, la cual vence el 25 de enero; la armonización del Código Civil para capacitaciones de jueces en materia de oralidad familiar y civil, que debe comenzar en los primeros 120 días del año 2026.
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