*Caja de la Sierra Gorda será disuelta, entre dudas y un fondo de seguro al ahorro casi quebrado.
*La sociedad financiera popular recibió la notificación de la autoridad para entrar en un estado de disolución y liquidación.
Tras 15 años de operar, la sociedad financiera popular (sofipo) Caja de la Sierra Gorda será disuelta, comenzando así un final más dentro del sector de ahorro y crédito popular, en donde habrá diversos señalamientos pero al final queda demostrado que los principales afectados serán los ahorradores que confiaron en una entidad que pese a ser supervisada, no logró salvaguardar su patrimonio.
Fue en noviembre del año pasado cuando la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acordó revocar la autorización otorgada a la sofipo, debido a que por varios meses incumplió con el nivel de capitalización requerido para estas entidades, que es arriba de 130%; sin embargo, fue apenas el pasado 6 de enero cuando se le notificó a la entidad encabezada por Jorge Cruz Ortega que sería revocada, es decir, se dejó pasar más de un mes para avisarle que tendría que cerrar operaciones.
Si bien en los últimos meses fue cuando la situación de esta sofipo se acentuó, debido a los incumplimientos con sus ahorradores, desde hace años, específicamente a partir del 2018, la entidad ya registraba los mismos problemas por los que será apenas revocada.
Para tratar de retomar el rumbo, la entidad comenzó con una estrategia de reposicionamiento en medios y además, sumó como aliado a Generamás para tener una mayor captación, plataforma que funciona como intermediario de distintas firmas financieras para poder llevarles más clientes, especialmente para temas de ahorro e inversión.
En febrero del 2022, la entidad fue oficialmente clasificada en la categoría número 4 del esquema de alertas tempranas respecto a su nivel de capitalización, por lo que la autoridad comenzó con un esquema de supervisión más detallado.
En distintas solicitudes de información, la CNBV ha reiterado que ha actuado con apego a la ley en la supervisión de esta entidad, ordenándole diversas medidas como la remoción de su consejo directivo, así como la pausa a sus operaciones que impliquen la salida de recursos.
Asimismo, también quedó impedida de realizar cualquier pago a sus accionistas por motivo de los dividendos, ni cualquier inversión o acto que implique una transferencia de activos patrimoniales.
Sin embargo, pese a que la entidad informó que estaba en busca de capital fresco, con la posible llegada de nuevos inversionistas, nunca pudo concretar esto.
A la par, su nivel de capitalización se deterioró y a octubre del 2022 presentaba un índice de -6,160.62 por ciento. Dentro de lo que ha destacado la autoridad, es que esta entidad pudo transparentar sus estados financieros, los cuales demuestran que al 30 de septiembre pasado contaba con un saldo de captación de 158 millones de pesos y una cartera de crédito de 197 millones de pesos, de los cuales 87% corresponden a financiamientos vencidos.
Asimismo, la autoridad identificó inconsistencias en el envío de sus reportes regulatorios, así como operaciones que se apartan de las disposiciones regulatorias, lo cual complicó el proceso de supervisión y confiabilidad en la información que recibió la CNBV.
Para los ahorradores de Caja de la Sierra Gorda, hasta la publicación de esta nota no se había confirmado si se tienen los recursos suficientes para cumplir con al menos, la obligación del seguro.
Según información de la Condusef, Caja de la Sierra Gorda tiene un total de nueve sucursales distribuidas en Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. En total, la entidad tiene registrados 18,334 ahorradores, que se tendrá que detallar cuántos son ahorradores y cuántos acreditados.
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