Comisión de Puntos Constitucionales analiza impacto de iniciativas antes de dictaminarlas

Gualita Jiménez.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro, Homero Barrera McDonald, informó que las iniciativas en estudio son revisadas bajo criterios de viabilidad jurídica y financiera para garantizar su aplicación.

El legislador explicó que entre los proyectos en análisis se encuentran dos reformas constitucionales relacionadas con el derecho a la vivienda, cuyo posible impacto presupuestal deberá evaluarse antes de emitir un dictamen.

“Por ejemplo, de vivienda, que la pongamos en la Constitución; pero es un tema que va a requerir un análisis con los institutos de vivienda local y federal para ver la viabilidad presupuestal, porque también nosotros aquí en esta comisión no podemos ser irresponsables de andar aprobando cosas que sabemos que no se van a dar y que le vamos a engañar a la ciudadanía. Lo menos que queremos es estar dando o mandando mensajes de que se va a aprobar tal cosa cuando no es viable“, argumentó.

Barrera McDonald señaló que el objetivo es aprobar propuestas con sustento técnico y viabilidad operativa, buscando los mecanismos que permitan hacerlas realidad.

Asimismo, aseguró que la comisión mantiene un avance total en sus trabajos, con únicamente cinco iniciativas pendientes por dictaminar, además de haber aprobado todas las minutas de reforma constitucional enviadas por el Congreso de la Unión.

“Estamos al 100 por ciento de cumplimiento en las minutas constitucionales federales, no tenemos ninguna pendiente; y en el ámbito local, estamos analizando unas cuatro iniciativas pendientes, porque hay muchas iniciativas que se proponen y que ya técnicamente tenemos que ver la viabilidad, ya sea jurídica o ya sea también financiera o de presupuesto“, subrayó.

Finalmente, adelantó que una de las iniciativas con mayores posibilidades de aprobarse en las próximas semanas es la presentada por el coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, para fortalecer la figura de iniciativa preferente en la Constitución local, a fin de que el Poder Ejecutivo estatal pueda presentar hasta dos proyectos por periodo legislativo con plazos definidos para su discusión y votación.