- La diputada federal cuestionó la devolución de la iniciativa al Congreso local y pidió esclarecer la presunta participación de grupos religiosos en la recolección de cinco mil firmas contra la legislación.
Querétaro, Qro., 2 de noviembre de 2026.– La diputada federal y coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Laura Ballesteros Mancilla, exigió al Gobierno del Estado transparentar las razones por las que el Poder Ejecutivo devolvió por segunda ocasión al Congreso local la Ley de Identidad de Género, luego de que se diera a conocer la recolección de aproximadamente cinco mil firmas en rechazo a dicha legislación.
La legisladora pidió esclarecer quiénes promovieron la recopilación de las firmas, cuáles fueron los argumentos presentados y si existió alguna relación entre esta iniciativa ciudadana, presuntamente impulsada por integrantes de un grupo religioso, y la decisión del Ejecutivo estatal de regresar el proyecto al Poder Legislativo.
Ballesteros Mancilla consideró necesario que las autoridades estatales expliquen públicamente el proceso y los elementos que sustentaron su determinación, a fin de que la ciudadanía conozca las razones detrás de la devolución de la legislación.
Señaló que el Congreso del Estado está integrado por representantes electos democráticamente y tiene la responsabilidad de legislar para toda la población, bajo principios de pluralidad, igualdad y respeto a los derechos humanos.
La diputada sostuvo que, si bien las creencias religiosas deben ser respetadas, las decisiones de las instituciones públicas deben apegarse al marco constitucional, al principio de laicidad y a la protección de los derechos de todas las personas.
En ese sentido, Movimiento Ciudadano Querétaro reiteró su postura a favor del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y subrayó que la identidad de género no debe ser motivo de exclusión ni discriminación.
Finalmente, la organización política llamó a las autoridades estatales y legislativas a garantizar un proceso transparente, abierto al diálogo y sustentado en el respeto a los derechos humanos, para que la discusión y resolución de la Ley de Identidad de Género se conduzcan sin que las presiones de particulares condicionen las decisiones del Estado.



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