Reordenar la representación democrática

Las reglas electorales son, en esencia, las reglas del poder. Por eso, cada reforma en esta materia despierta suspicacias, temores y resistencias. Pero también abre oportunidades para corregir distorsiones acumuladas durante años. La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum merece analizarse precisamente desde esa perspectiva: no como una disputa coyuntural entre partidos, sino como un intento por replantear algunos de los problemas estructurales del sistema político mexicano.

Uno de esos problemas ha sido, desde hace décadas, la relación cada vez más tenue entre ciudadanos y representantes. El sistema de legisladores plurinominales nació con una intención legítima: garantizar pluralidad política en el Congreso. Sin embargo, con el paso del tiempo también generó una percepción de distancia entre quienes ocupan los escaños y quienes votan en las urnas. La propuesta presidencial apunta a corregir ese desfase al establecer mecanismos para que todos los diputados —de mayoría o de representación proporcional— tengan un vínculo más directo con el voto ciudadano. No se trata de eliminar la diversidad política, sino de fortalecer la legitimidad de quienes legislan. En la propuesta presidencial, se tomarán en cuenta primeras minorías de los distritos a lo largo del país, y la lista de los partidos será ordenada por los electores y no por los dirigentes partidistas. Curiosamente esquema similares de primeras minorías ya existen en entidades que no son gobernadas por Morena, donde cuando se crearon no hubo esta discusión de que se establecían para perpetuar el poder.

El caso del Senado es aún más revelador. Como cámara federal, su razón de ser es representar a las entidades federativas en condiciones de igualdad. La existencia de senadores plurinominales, que no representan directamente a un estado específico, introduce una anomalía en ese diseño institucional. La eliminación de esos escaños plantea una discusión importante sobre la coherencia del federalismo mexicano: si el Senado representa a las entidades, entonces su integración debería respetar con mayor claridad el principio de paridad entre los estados.

La reforma también toca un punto que conecta directamente con el malestar ciudadano: el costo del sistema político. Durante años, México ha mantenido uno de los modelos de financiamiento público a partidos más generosos del mundo. Reducir en 25 por ciento esos recursos no resolverá por sí mismo los problemas de confianza en la política, pero envía una señal importante sobre la necesidad de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Si bien se ha dicho que el acceso a recursos hace que un partido accesa al poder más fácilmente que quienes no lo tienen, la historia de la política en este siglo en México no demuestra que esto sea cierto, ya que partidos con el gobierno y los recursos públicos mayoritarios depositados en su partido han perdido elecciones presidenciales y de gobernadores.

En el mismo sentido de la austeridad, se inscribe la propuesta de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral no perciban remuneraciones superiores a las del presidente de la República. Más allá del debate técnico sobre su impacto institucional, la medida responde a una exigencia cada vez más extendida en la sociedad mexicana: que las instituciones públicas reflejen criterios de austeridad y proporcionalidad en sus estructuras salariales.

Quizá uno de los aspectos más contemporáneos de la iniciativa es la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas electorales. En una época marcada por la proliferación de contenidos manipulados y por la velocidad con la que la desinformación puede propagarse, establecer límites al uso de tecnologías capaces de distorsionar la percepción pública no es un capricho regulatorio, sino una forma de proteger la calidad del debate democrático. Así también, en términos de la tecnología, el planteamiento incluido en la reforma presidencial propone privilegiar alternativas como el voto electrónico que pueda incrementar la participación y reducir los costos de la misma.

La propuesta también busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana en los estados y ajustar el modelo de comunicación política, reduciendo los tiempos de propaganda electoral en radio y televisión que, para muchos ciudadanos, se han convertido en una saturación permanente durante los periodos electorales.

Ninguna reforma electoral es perfecta desde el inicio. Las reglas del juego democrático siempre requieren debate, ajustes y consensos amplios. Pero ignorar los problemas que han erosionado la relación entre ciudadanía e instituciones sería aún más riesgoso.

Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la democracia no se sostiene únicamente con elecciones periódicas. Necesita instituciones que generen confianza, representantes que tengan legitimidad ante los electores y reglas que evolucionen frente a los cambios tecnológicos y sociales.

La reforma propuesta abre justamente esa discusión. Y en una democracia madura, discutir cómo mejorar las reglas del sistema político no debería verse como una amenaza, sino como una necesidad de nuestro sistema, donde los ciudadanos exigen un más estrecho vínculo de representación, mayor participación y más austeridad para los partidos y los funcionarios electorales.

Arturo Maximiliano García

Diputado Local (MORENA)