Voz de la Sierra

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Propuesta de nueva Ley Estatal de Aguas, en marzo

 

Gualita Jiménez

El diputado de Morena en Querétaro, Eric Silva Hernández, en conjunto con representantes de colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, dieron a conocer en rueda de prensa los trabajos que han realizado en torno a la creación de una Ley de Aguas para el estado de Querétaro.

El legislador convocó a la sociedad queretana en general, a los sectores rurales y urbanos, organizaciones de la sociedad civil, académicas, culturales, y científicas, actores políticos y medios de comunicación interesados en la defensa del agua, a sumar los últimos comentarios a este documento durante lo que resta de febrero, pues sería entregado en la segunda quincena de marzo.

Recordó que, durante los últimos cinco meses, han sostenido una serie de mesas de trabajo plurales y abiertas, con el objetivo de colaborar en la construcción de una propuesta sólida de Ley Estatal de Aguas, que garantice el derecho humano al agua y la sostenibilidad hídrica en la entidad.

“Al recorrer las zonas más afectadas de nuestro estado por la escasez de agua, se nos abrió un panorama más claro de las necesidades y de los retos que debe de atender esta ley; una ley que no puede verse únicamente desde el punto de vista económico, sino también desde una visión sustentable, histórica y de servicio a la gente, especialmente para quienes más lo necesitan. De este diálogo diverso, surgieron acuerdos importantes que hoy se reflejan en una iniciativa de ley que se encuentra en su etapa final, y que será presentada en el mes de marzo“, apuntó.

Eric Silva expuso que, entre los temas nodales que contempla la propuesta de ley, se encuentran terminar con la concesión privada del servicio de agua potable; reconocer al agua como un elemento vital, así como el derecho al acceso y a su saneamiento; establecer un mínimo vital de 100 litros diarios de agua por persona; proteger cuencas, acuíferos y zonas de recarga; contempla una reforma tarifaria; establece la creación de la Contraloría Social del Agua, con facultades y recursos suficientes; reconocer la gestión comunitaria del agua; proteger la Salud Pública; prohibir el uso de aguas residuales para consumo humano; implementar ecotecnias y separación de aguas grises y pluviales en todos los sectores; combatir las Pérdidas e Irregularidades, entre otros.